Presos polo “caso bombas” en folga de fame (Chile)

Ás 00.00 do 21 de febreiro, oito presos anarquistas chilenos acusados de integrar unha “asociación ilícita terrorista” ponse en folga de fame indefinida en demanda da súa liberdade. Son os imputados no mediático “caso bombas” que fican na cadea á espera de xuízo a pesar das múltiples irregularidades do proceso e a falta de probas concluíntes na súa contra.
Ós tres días do comezo da protesta cinco dos folgistas foron internados en celas de castigo e privados do dereito a ter visitas, en clara represalia pola sua actitude indobregable e reivindicativa. Mentres tanto as dúas anarquistas presas no centro penitenciario femenino non foron ata agora sancionadas, aínda que sufriron ameazas de castigos pra cando rematen a protesta.
Os encausados no “caso bombas” foron detidos o 14 de agosto do 2010 acusados de formar unha “asociación ilícita terrorista” responsable da colocación de 23 bombas das máis de cen acontecidas nos últimos anos no territorio chileno. O fiscal Peña, responsable da acusación, urdiu contra eles unha oscura trama na que relaciona a xente que nalgúns casos nin sequera coñecíase , xerando xerarquías anarquistas, convertindo centros sociales e bibliotecas en fábricas de explosivos e buscando inexistentes financiacións internacionais.

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Pra máis información este blog céntrase no caso: http://libertadalos14a.blogspot.com/

Comunicados en castelán dos folguistas:

Adhieren a la huelga:
Andrea Macarena Urzúa Cid
Camilo Nelson Pérez Tamayo
Carlos Luis Riveros Luttgue
Felipe Guerra Guajardo
Francisco Solar Domínguez
Mónica Andrea Caballero Sepúlveda
Pablo Hernán Morales Führimann
Rodolfo Luis Retamales Leiva

Comunicado desde la Sección de Máxima Seguridad (Cárcel de Alta Seguridad):

El 14 de Agosto de 2010 el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Metropolitana Sur emana una serie de órdenes de detención y allanamientos, aplicando todo el terror Policial a casas particulares y centros culturales, que arroja la detención de 14 personas en esta razia represiva y comunicacional, conocida mediáticamente como "caso bombas". Todos acusados de pertenecer a una supuesta asociación ilícita terrorista creada en la irracional mente de algunos "profesionales del derecho" y que hoy nos mantienen tras las rejas.

Aproximadamente hace cinco años se inicia la investigación del mediático "caso bombas". Así durante el gobierno de Bachelet, el estado destinó tres fiscales con dedicación exclusiva con el objeto de esclarecer la autoría de cada uno de los bombazos colocados a estructuras financieras, policiales, de servicio público u otras. En este tiempo se recopilaron más de 43 tomos con datos aportados por fuentes policiales, peritos criminalísticos, testigos protegidos, declaraciones, vigilancia a hogares, seguimientos a sospechosos y su entorno familiar, intervenciones telefónicas y allanamientos a hogares y bibliotecas populares (todos ellos los mismos lugares en que irrumpió la policía la madrugada del 14 de Agosto de 2010).

Con todo este material ningún fiscal ni juez tomó la decisión de encarcelar a nadie. La evidencia aportada no es suficiente, es difusa y no permite identificar a los responsables de la colocación de bombas. Incluso el fiscal Xavier Armendáriz declara ante las ansias de resultados por parte del Ministerio del Interior de la época que "...es necesario actuar con cautela investigativa ante lo débil de las pruebas..." más aún cuando los "...autores de los bombazos no integran células violentistas propiamente tal, sino que se trata de grupúsculos sin orgánica, ni cabecillas..." (Emol 27 noviembre 2009).

Toda esta manera de actuar en derecho cambia el 14 de Junio de 2010 al ser removido de su cargo Armendáriz, producto de presiones de Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter hacia el fiscal Nacional Sabas Chahuán. Así entra en escena el fiscal Alejandro Peña, descrito por el diario La Tercera como "...una paradoja ambulante, la que resulta de la fusión en un solo ser de la burocracia judicial y policial con la fantasía de un prestidigitador". Con esta presentación el montaje comienza.

El fiscal desarrolla una nueva estrategia sin reparar en los costos humanos que este accionar conlleve. Si antes los fiscales que le precedieron no pudieron reconocer, ni identificar orgánicas definidas, el fiscal se preocupó de inventarlas y buscar por todos los medios hacer que las piezas calzaran en su nueva "línea investigativa". Estructurar la famosa asociación ilícita con cabecillas los cuales no se hablaban en años; ejecutores que ni se conocían y lo más gracioso financistas europeos!!, como si 950 euros enviados en una ocasión a uno de los imputados fuera una gran remesa para acciones subversivas (casas de seguridad, autos, armas, documentación falsa, etc. ). Cuanta imaginación de este personaje, incluso inventaron nexos entre uno de los supuestos cabecillas con el paquistaní detenido en la Embajada de Estados Unidos por supuestas trazas de TNT y posteriormente puesto en libertad a pocas semanas.

Finalmente la fantasía ayuda a la planificación de esta "novedosa estrategia", sobre todo con la campaña mediática, informativa y comunicacional desplegada por los medios oficiales de la información que comienzan a entregar datos de los supuestos sospechosos de colocación de artefactos explosivos, lugares que frecuentan, perfiles de supuestos líderes, etc. Los dardos apuntan a personas vinculadas a espacios sociales, canales y radios comunitarias, estudiantes que adscriben a ideas libertarias, ex presos políticos y todos reconocidos críticos del modelo neoliberal y solidarios con la lucha de los pueblos, en especial con la llevada a cabo por el mapuche en su anhelo por mantener su identidad, cosmovisión y territorio. No se persiguen actos si no ideas, relaciones de amistad, bibliotecas autónomas, casas okupas y espacios de cultura, arte y de encuentro comunitario.

Una vez diseñado el escenario teatral, sus protagonistas y correspondientes características físicas y psicológicas, con la opinión pública perfectamente moldeada, el golpe represivo se desata; para entonces habían transcurridos 2 meses desde que asume como director del montaje jurídico policial Alejandro Peña. Con las mismas carpetas, los mismos diálogos, lugares, actores y un remozado guión incriminatorio el espectacular operativo copa los canales televisivos la mañana del 14 de Agosto de 2010.

Luego de nuestra detención la fiscalía solicitó tres días para formalizarnos de los hechos acusatorios, situación que en la práctica debiera realizarse el mismo día de nuestro arresto. Posteriormente solicita un plazo de 180 días (6 meses) de prisión preventiva hasta el cierre de la investigación, plazo que finalizó el 14 de Febrero de 2011, día en que se nos notifica que la fiscalía nos someterá a una nueva formalización el 16 de Marzo de 2011, todo esto enrarece aún más este juicio. Nada nos dice que Alejandro Peña solicite 6 meses más como plazo para armar su puzle policial. En estos largos meses no sólo hemos permanecido 22 horas diarias en celdas individuales de 2 x 3 metros, visitas 1 vez a la semana con nuestros familiares durante tres horas en reducidos espacios sin luz natural, sino que también hemos vivido en carne propia la tortura de los funcionarios del estado. Como muestra de lo ocurrido, el 8 de octubre de 2010 profesionales del Servicio Médico Legal más agentes de LABOCAR, DIPOLCAR y gendarmes extrajeron violentamente muestras de ADN a cada uno de los imputados, para ser contrastadas con las muestras recogidas en los lugares de los bombazos. Esta "prueba científica" no arrojó ninguna relación entre nosotros y lo hallado en los lugares de los sucesos.

Por otro lado, somos testigos de cómo las evidencias almacenadas en las carpetas investigativas sólo se afirman en conjeturas policiales basadas en amistades, lazos familiares o concurrencia a marchas públicas, actividades político culturales y tocatas; y aún así en este continuo supuesto, cabe señalar que entre todos los imputados no nos conocíamos hasta el día de nuestra detención, por lo que es imposible que conformemos alguna supuesta "asociación terrorista", menos aún una organización.

Cabe señalar que en ninguno de los allanamientos realizados se encontró ningún tipo de evidencias ni material para la fabricación de artefactos explosivos, tampoco existen pruebas dactilares o filmográficas que inculpen a ninguno de los imputados.

Ante los vicios y aberraciones judiciales, carpetas secretas, intervenciones telefónicas a nuestros abogados, la continua utilización de testigos protegidos con antecedentes psiquiátricos como Rodrigo Vera Morales y Gustavo Fuentes Aliaga y por todo lo anteriormente expuesto hemos decidido comenzar una huelga de hambre de carácter líquida desde las 00:00 horas del 21 de Febrero de 2011 exigiendo:

1.- LIBERTAD INMEDIATA
2.- TÉRMINO DEL MONTAJE JURÍDICO POLICIAL
3.- FIN A LA LEY ANTITERRORISTA HEREDADA DE LA DICTADURA Y PERFECCIONADA POR LA DEMOCRACIA
4.- FIN A LOS PLAZOS INVESTIGATIVOS Y REALIZACIÓN INMEDIATA DE UN JUICIO JUSTO.

NO MÁS MONTAJES MEDIÁTICOS, JURÍDICOS Y POLICIALES!!!
LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS POLÍTICXS CHILENXS Y MAPUCHE!!!
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Comunicado desde la Sección de Alta Seguridad (Centro Penitenciario Femenino):
Difícil resumir los sucesos de la oleada represiva, el burdo espectáculo televisivo se cimentó en la maquinación político–jurídico-policial, reproduciendo y asesorándose en el proceso italiano conocido como “Marini” y “Cervantes”, en donde varios centros sociales y casas okupadas fueron allanadas y sus integrantes detenidxs con el cargo de “Banda Armada”. La “Operación Salamandra” (especie de símil chileno) capturó a 14 personas por los cargos de Asociación Ilícita Terrorista, porte o colocación de artefacto explosivo.

Relaciones de amistad o afecto son transformadas, mutadas a una estructura jerárquica. Muchxs de lxs imputadxs ni siquiera se conocen(ían).

¿Quién diría que la idea de intentar vivir sin la reproducción del poder nos llevaría a ser juzgadxs de pertenecer a una Asociación Ilícita?... Los ilustres funcionarixs policiales declaran que las casas okupadas eran utilizadas como centros conspirativos donde se fabricaban bombas; nada dicen de las bibliotecas para todx aquel que tuviese interés y compromiso solidario. Hoy muchos de esos libros son una más de las “tantas pruebas”.
La Fiscalía cuenta con pruebas orgánicas encontradas en los lugares donde se efectuaron algunos atentados, una de las cartas maestras sería la certeza de las pruebas científicas, otro tiro por la culata de los opresores: de todas las pruebas biológicas ninguna posee incidencia con lxs imputadxs del 14-A. Todas las muestras de ADN fueron extraídas a la fuerza por funcionarixs de Gendarmería y Carabineros.

Las artimañas de la Fiscalía reúnen desde absurdos vínculos como por ejemplo el “Caso Pakistaní” hasta la complicidad de los medios de comunicación masivos, los cuales desde hace varios años cimentaban el discurso antiterrorista, así montaron el escenario para la cacería de aquel 14 de Agosto. A pesar de llevar una investigación de más de cinco años, los acusadores piden 180 días de prisión preventiva argumentando necesitar una investigación más exhaustiva, ya que no bastaba con el testimonio de Gustavo Fuentes Aliaga. Lo normal en un debido proceso es que la Defensa cuente con la carpeta investigativa en los días posteriores a la formalización de cargos, dentro del “Caso Bombas” dicha carpeta llegó a la Defensa a los casi 3 meses de encierro y además incompleta. Recién a los más de 170 días de prisión la Fiscalía entrega las “páginas secretas”.

No ha existido pudor en entrometerse en la vida íntima de lxs acusadxs, desde amedrentamiento a niños pequeños hasta cientos de escuchas telefónicas que sólo prueban lazos afectivos entre lxs co-imputadxs.

En el interior de este penal (CPF) nos hemos visto enfrentadas a distintos tipos de interrogatorios -formales e informales- por parte de distintxs funcionarixs de Gendarmería: vigilantes, sociólogos-criminólogos, asistentes sociales, etc. Lxs cuales buscaban alguna declaración y/o el perfil delictual adecuado. Revelamos esta información no con un sentido victimista, sino para prevenir a lxs que se puedan ver en una situación similar, el poder ocupa(rá) todos sus tentáculos para prolongar el encierro. Hostigamiento que repercute en todxs nuestrxs hermanxs, amigxs, compañerxs, familia de orgullosxs insumisxs, que jamás han agachado la cabeza ante ningún carcelerx.

Se nos pretende procesar por una ley heredada de la Dictadura, que posee entre unos de sus atributos a lxs testigos ocultos, quienes según lo visto en los procesos judiciales del pueblo mapuche pueden ser civiles o militares. Además, esta ley condena delitos comunes subiendo su penalidad. Para poder levantar la prisión preventiva por otras medidas cautelares no basta sólo con la decisión del juzgado, ya que si la Fiscalía y demases acusadores apelan a esta decisión en el órgano superior (corte de apelaciones) se necesita unanimidad de votos, a diferencia de cualquier otro delito que sólo necesita una mayoría simple, otra trampa más dentro de esta telaraña judicial.

Los golpes no sólo llegan a lxs secuestradxs de aquel 14 de Agosto, sino a quienes intenten cuestionar el actual estado policial: castigo ejemplificador para cualquier indócil.

Es por todo esto que hoy Lunes 21 de Febrero, cumpliéndose ya los plazos investigativos (más de 180 días) comenzamos una movilización con características de Huelga de Hambre Líquida indefinida. Utilizamos nuestro cuerpo como medio de exigencia de:

1. Libertad Inmediata a todxs lxs imputadxs del 14 de Agosto. Ni un plazo más. Juicio Ahora.
2. Fin a la Ley Antiterrorista. No más testigos ocultos, no más votación unánime.
3. Traslado y mejoras carcelarias.

Estas últimas líneas van para ustedes, compañerxs: no dejemos espacio para el olvido, esto no comenzó el 14 de Agosto ni terminará con nosotrxs. Ninguna acción tendría sentido si quedara en estas frías paredes, los tiempos son complejos, esperamos mantenernos a la altura de la situación. Que vuestra imaginación vuele y se transforme en acción al igual que estas palabras.
En la lucha contra toda forma de Dominación: NADIE ESTÁ SOLX!!!

Mónica Caballero Sepúlveda, Prisionera Política Anarkista.
Andrea Urzúa Cid, Prisionera Política Libertaria.

Sección de Alta Seguridad (SEAS).
Centro Penitenciario Femenino.
Santiasko, $hile,
21 de Febrero de 2011.